En el marco del 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia y la Bifobia, desde la Asociación Argentina de Salud Pública reafirmamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta de los derechos humanos y con la construcción de una sociedad libre de violencias y discriminación hacia las personas LGBTIQ+.
Esta fecha recuerda la decisión adoptada el 17 de mayo de 1990 por la Organización Mundial de la Salud de retirar a la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades, constituyendo un hito fundamental en el proceso de despatologización de las diversidades sexuales y de género.
Sin embargo, para las identidades trans el recorrido es aún más adverso y la OMS retiró el llamado “trastorno de identidad de género” de la Clasificación Internacional de Enfermedades recién en el año 2018, y a más de tres décadas de aquel primer acontecimiento, persisten múltiples formas de violencia, exclusión y estigmatización que afectan gravemente la vida y la salud de las personas de la diversidad sexual y de género.
Hace 16 años, para esta fecha, OPS sacaba un documento llamado “Cura para una enfermedad que no existe” que denunciaba las “curas” de la homosexualidad (terapias de conversión) como formas de tortura alejadas de la evidencia científica y los derechos humanos.
En el contexto actual, asistimos a una profundización de discursos de odio que legitiman prácticas discriminatorias y violencias concretas. Los discursos de odio no constituyen únicamente expresiones simbólicas o culturales: operan como determinantes sociales de la salud, produciendo efectos materiales sobre las trayectorias vitales, la salud mental, el acceso a derechos y las condiciones concretas de existencia de las personas LGBTIQ+. El triple lesbicidio ocurrido en Barracas constituye una expresión extrema y dolorosa de estas violencias, que se inscriben en una trama más amplia de vulneración sistemática de derechos hacia las personas LGBTIQ+.
Desde una perspectiva de salud pública, resulta indispensable reconocer que la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género impacta de manera directa sobre las condiciones de vida y los procesos de salud-enfermedad-cuidado. Las violencias y exclusiones sostenidas generan sufrimiento psíquico, estrés crónico, aislamiento, temor, padecimientos subjetivos y barreras concretas para el acceso a derechos. El estigma social, la discriminación cotidiana y la exposición permanente a situaciones de hostilidad producen efectos acumulativos sobre la salud mental y física de estas poblaciones.
Asimismo, estas prácticas de odio también se reproducen dentro de los sistemas y servicios de salud. La patologización, el maltrato, la negación de identidades, las barreras administrativas, la falta de formación específica y las prácticas discriminatorias continúan obstaculizando el acceso pleno y digno al derecho a la salud para muchas personas LGBTIQ+. Por ello, entendemos que el campo sanitario tiene la responsabilidad ética y política de revisar críticamente sus propias prácticas institucionales y profesionales.
Como Asociación Argentina de Salud Pública sostenemos la necesidad de promover políticas públicas y estrategias sanitarias que garanticen el acceso universal, integral, equitativo y libre de discriminación a la atención en salud. Esto implica fortalecer la formación con perspectiva de derechos humanos y diversidad, construir dispositivos de atención que alojen las singularidades de las personas y generar condiciones institucionales que erradiquen las violencias en todos los niveles del sistema sanitario.
Las políticas sanitarias destinadas a las poblaciones LGBTIQ+ deben ser diseñadas, implementadas y evaluadas con participación activa de las propias comunidades, reconociendo sus saberes, experiencias y estrategias históricas de cuidado. La violencia institucional hacia las personas LGBTIQ+ también se expresa en prácticas sanitarias que patologizan, infantilizan o niegan identidades y corporalidades diversas.
Nos parece fundamental resaltar que cuando hablamos del acceso a la salud del colectivo LGBTIQ+, no nos referimos únicamente a procedimientos específicos como puede ser una terapia de reemplazo hormonal o una cirugía de reafirmación de género, sino que hablamos del derecho a acceder plenamente a la salud como cualquier otra persona, entendiendo que los espacios de atención específicos, como los consultorios inclusivos, parchan un problema estructural pero no lo solucionan, y que el norte debe ser garantizar una atención inclusiva en cada consultorio y centro de salud.
Las desigualdades territoriales profundizan las barreras de acceso a la salud para las personas LGBTIQ+, especialmente en regiones periféricas, rurales y del Norte argentino, donde persisten estructuras culturales cisheteropatriarcales y prácticas institucionales de exclusión.
Frente al avance de discursos y prácticas de odio, reafirmamos que no puede haber salud pública sin inclusión, sin reconocimiento de las diversidades y sin garantía efectiva de derechos. La construcción de sociedades más justas, democráticas y libres de violencia constituye una condición indispensable para el ejercicio pleno del derecho humano a la salud de todas las personas.
Defender la salud pública implica también defender el derecho de todas las personas a existir sin miedo, sin violencia y sin exclusión. No hay democracia sanitaria posible mientras el odio siga organizando las condiciones de vida de las diversidades sexo-genéricas.