Desde la Asociación Argentina de Salud Pública advertimos que la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal no constituye una respuesta al problema de la violencia, sino un desplazamiento regresivo del debate público, que omite analizar los procesos sociales, sanitarios y estatales que producen las trayectorias de sufrimiento, exclusión y conflicto en la adolescencia.
Desde una perspectiva sanitaria, los hechos protagonizados por adolescentes no pueden ser leídos como eventos aislados y, por otro lado, constituyen una fracción marginal dentro del conjunto de los problemas de seguridad. Su sobredimensionamiento público y legislativo oculta los procesos de determinación social que los producen: pobreza estructural, desigualdad persistente, interrupción de trayectorias educativas, debilitamiento de las redes comunitarias, exposición temprana a violencias y desmantelamiento de políticas públicas de cuidado, protección y acompañamiento.
Criminalizar más temprano no modifica esos procesos: los consolida. La evidencia es clara: la adolescencia no explica la violencia, pero sí expresa las fallas del Estado para garantizar condiciones de vida dignas, acceso efectivo a derechos y dispositivos integrales de salud, educación, protección social y justicia especializada. Bajar la edad de imputabilidad no previene, no repara y no cuida; por el contrario, profundiza la estigmatización de adolescentes pobres y vulnera compromisos constitucionales y sanitarios asumidos por la Argentina.
Esta iniciativa resulta aún más alarmante cuando se la inscribe en un contexto de incremento sostenido de los padecimientos de salud mental y de los intentos de suicidio en adolescentes, expresión de un aumento del riesgo psicosocial asociado a la fragilización de los lazos sociales, la precarización de las condiciones de vida y el debilitamiento de los factores protectores que deberían ser garantizados por el Estado. En este escenario, la baja de la edad de imputabilidad revela una profunda falta de comprensión de las trayectorias subjetivas y sociales propias de la adolescencia y del modo en que se construyen —o se interrumpen— los cuidados. Desde la salud pública, se trata de una medida claramente iatrogénica: al reforzar la estigmatización, el control punitivo y la exclusión institucional, agrava el sufrimiento psíquico, erosiona las trayectorias de cuidado y acompañamiento y profundiza los daños que dice querer prevenir.
La AASAP reafirma que no hay seguridad sin cuidado, no hay justicia sin derechos y no hay salud pública posible cuando el Estado elige castigar allí donde debería proteger.