El Gobierno nacional denunció irregularidades en la concesión de permisos para el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) y anunció que se revisan los requisitos al programa nacional. Durante la conferencia de prensa de este lunes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que durante la gestión de Alberto Fernández se aprobaron más de 90 mil solicitudes sin un diagnóstico respaldado por "evidencia científica".
En el marco de una auditoría impulsada por la administración libertaria en el Ministerio de Salud de la Nación, se está llevando a cabo un exhaustivo análisis sobre la tenencia de cannabis medicinal. Específicamente, el Gobierno evalúa el Registro del Programa Cannabis (REPROCANN).
La noticia fue anunciada este lunes durante la conferencia de prensa habitual del vocero presidencial, quien destacó la meticulosa labor que el Gobierno está realizando para garantizar el cumplimiento de los requisitos de inscripción en el registro de productores de cannabis.
Según Manuel Adorni, esta medida se debe a que durante la gestión anterior "se aprobaron más de 90 mil solicitudes sin un diagnóstico respaldado por evidencia científica".
Este dato fue revelado junto con otros resultados preliminares de la auditoría en curso en el Ministerio de Salud, que incluyen medidas como la reducción del 60% en la planta política, la disminución de 48 vehículos y la finalización de contratos con más de 600 consultoras.
En este contexto, el vocero dijo que a la fecha, y producto de esta primera fase de la auditoría, "se logró un recorte de 140 mil millones de pesos".
Y añadió: “Seguimos desarmando el modelo empobrecedor del Estado presente. Un modelo de despilfarro que nos quería hacer creer la farsa del Estado ‘te cuida’ y al final a los únicos que protegió fue a sus amigos y a sus negocios”.
Qué es el REPROCANN y a quiénes beneficia
El REPROCANN es una base de datos diseñada para poder registrar a aquellas personas que cuenten con las condiciones para acceder a un cultivo controlado de la planta de cannabis, con fines de tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor.
En Argentina, el cultivo y el uso del cannabis para fines medicinales o terapéuticos es legal desde 2020.
Los beneficiarios directos de este programa son pacientes con indicaciones médicas de especialidad médica o formulación magistral, cuyo suministro está gestionado por farmacias autorizadas.
Asimismo, aquellos pacientes que requieran cultivar la planta de cannabis para su tratamiento deben inscribirse en el REPROCANN para obtener la debida autorización.
Este sistema se enmarca en una política de salud pública que busca garantizar un acceso equitativo, seguro y regulado a terapias alternativas que han demostrado ser efectivas en determinadas condiciones médicas.
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El Gobierno nacional ordenó hoy que el 75% de las empresas de medicina prepaga bajen el precio de sus cuotas ya que deberán recalcular los aumentos que aplicaron desde diciembre tomando como base para el cálculo el Índice de Precios al Consumidor. Al mismo tiempo, la Superintendencia de Salud presentó una medida cautelar ante la Justicia para que devuelvan dinero a los usuarios.
El ministro de Economía, Luis Caputo, indicó en la red X que las “Prepagas deben retrotraer precios fuertemente de acuerdo al dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Gran trabajo Juan Pazo y Pablo Lavigne en la Secretaria de Comercio, utilizando las herramientas institucionales como corresponde, y por supuesto un gran alivio para la clase media”.
“Por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga, que representan alrededor del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada a partir de allí por IPC”, anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.
El vocero explicó además que las empresas “deberán aplicar como máximo” el IPC “para ajustar las cuotas por los próximos 6 meses”. La medida, explicó Adorni, se tomó a raiz de una denuncia “por presunta cartelización”.
El anuncio se da luego de la fuerta polémica por los exorbitantes incrementos que las compañías aplicaron desde diciembre del año pasado muy por encima de la inflación general.
La medida tomó por sorpresa a las empresas, quienes aseguraron que no participaron de ninguna negociación con el Gobierno y analizan cuál es el camino que podrán tomar. Al respecto, desde el Ejecutivo advirtieron que si bien las compañías pueden apelar, la resolución ya está en vigencia y su aplicación no cesa ante una presentación de ese tipo.
“El Gobierno del presidente Milei no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista. La Argentina de la avidada se terminó el 10 de diciembre pasado”, añadió Adorni.
La resolución fue dispuesta por la Secretaría de Industria y Comercio a instancias de la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor que “determinó que existen indicios múltiples de un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país”, según la información oficial.
La decisión establece que el precio de la cuota deberá calcularse respecto del valor del mes de diciembre de 2023 multiplicada por la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023.
La medida preventiva, además, ordena “cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la Confederación Unión Argentina de Salud (UAS) o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial”.
La decisión del Gobierno se tomó en base a la denuncia que hizo la Coalición Cívica en enero, firmada por los legisladores porteños Hernán Reyes y Juan Facundo Del Gaiso, y por el diputado nacional Maximiliano Ferraro, contra las principales empresas del sector.
“Hay que revisar el IPC de diciembre hasta ahora y ver cuánto es. Consideramos que va a haber una reducción considerable con respecto a lo que se pagó en abril”, dijo Adorni.
Asimismo, el vocero informó que la Superintendencia de Servicios de Salud presentó una medida cautelar para que las empresas de medicina prepaga alcanzadas por la disposición de la Secretaría de Comercio les devuelvan a sus afiliados la diferencia entre los aumentos que aplicaron y los que deben aplicar a partir de la decisión oficial.
“La Superintendencia no controla más los precios, pero sí busca garantizar la libre competencia y la libertad de elegir en beneficio de los argentinos”, resaltó Adorni.
Desde que el Gobierno desregularizó el mercado de medicina prepaga a partir del DNU 70/23, firmado a finales de diciembre pasado, las cuotas de la medicina prepaga sufrieron fuertes incrementos, que provocaron un rechazo casi generalizado de los afiliados.
El conflicto fue creciendo con el correr de las semanas y provocó en las últimas horas la renuncia de Claudio Belocopitt a la presidencia de la Unión Argentina de la Salud, que nuclea a las principales compañías.
Ayer, tras su renuncia, el dueño de Swiss Medical defendió los aumentos de precios realizados por el sector de la salud privada y aseguró que son acordes a la modificación de la estructura de precios.
“Cuando el Gobierno desreguló los precios, todo el sistema de la medicina prepaga y el resto venía con poderosos atrasos. En diciembre, como consecuencia de la devaluación, los precios tomaron una aceleración realmente impresionante”, reconoció el empresario, en una entrevista con La Nación+.
Precisamente Adorni fue consultado por los dichos del empresario: “Si hicieron todo bien, ¿por qué toma esta postura de irse de la cámara? Más allá de ello, no hay problema, tiene las instancias de apelación correspondiente en el caso de la presentación que va a hacer la Superintendencia de Salud en la Justicia, cómo también en la resolución tomada por el ministerio de Economía, aclarándose que la apelación no suspende la medida”, subrayó.
“Si no hubo cartelización, lo demostrarán y, en tal caso, la Justicia o quienes llevan adelante la investigación en la parte administrativa tomarán el camino que deban tomar. Al haber presunción, hay elementos que así lo determinan. Todo lo demás que pueda decir no nos implica nada”, añadió el vocero.
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