El gobierno de Javier Milei sigue batiendo récords de retos de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos en poco más de seis meses en la Casa Rosada. En esta oportunidad quien puso a la Argentina bajo el foco internacional fue Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). El funcionario le recordó a la administración de La Libertad Avanza (LLA) que debe respetar el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión tan solo seis días después de que una protesta contra la ley Bases terminara con 33 personas detenidas y acusadas desde el gobierno de ser terroristas.

“En Argentina, las recientes medidas propuestas y adoptadas amenazan con socavar la protección de los derechos humanos”, comenzó el titular del ACNUDH. “Entre ellas se incluyen recortes del gasto público que afectan especialmente a los más marginados, el anunciado cierre de instituciones estatales dedicadas a los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia, y una instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores de suspender la participación en todos los eventos en el extranjero relacionados con la Agenda 2030”, añadió.

“Insto –dijo el funcionario de Naciones Unidas– a las autoridades a que sitúen los derechos humanos en el centro de su formulación de políticas, para construir una sociedad más cohesionada e inclusiva. Esto implica también el pleno respeto del derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión”.

Türk incluyó la situación de la Argentina en su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos, que celebró su 56ª sesión. Fue cuando se refirió a países que atraviesan conflictos violentos como Líbano, Israel, Ucrania, Sudán, la República Democrática del Congo, Siria, Burkina Faso, Mali, Níger o Haití.

Para el ACNUDH, hay varios ejes problemáticos en la plataforma de gobierno de Milei: el recorte del gasto público para los sectores más desprotegidos –que se llegó a su paroxismo con la no entrega de medicamentos a personas con enfermedades graves o el acopio de alimentos en depósitos del Ministerio de Capital Humano–, la desaparición del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la eliminación de instancias como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) o los centros de acceso a justicia (CAJ) y la postura de la Cancillería de no participar en ninguna reunión referida a la Agenda 2030 –que tanto Milei como su feligresía reaccionaria ven como la sumatoria de todos los males porque habla del fin de la pobreza, la reducción de las desigualdades, la igualdad de género y el cambio climático, entre otros puntos.

El recordatorio de Türk sobre el derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión tiene que ver con la política que viene llevando adelante Patricia Bullrich desde el Ministerio de Seguridad para impedir las manifestaciones. De hecho, el 14 de diciembre –tan solo cuatro días después de la asunción de Milei– anunció la puesta en marcha de un protocolo para evitar cortes de calles, que, en la práctica funciona, como una resolución administrativa que impide las manifestaciones o protestas.

Organizaciones de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han marcado que, desde que se puso en marcha el protocolo, la protesta pasó de ser un derecho a convertirse en un delito. La ministra puso en marcha un registro de quienes suelen cortar la calle mientras impulsa denuncias penales y pretende cobrar por los operativos que ella misma diseña. Por la parafernalia que se implementó el miércoles pasado pretende que las agrupaciones políticas o sociales paguen 130 millones de pesos.

No es el primer tirón de orejas de la ONU que recibe Bullrich y, por ende, Milei. En enero pasado, la oficina para América del Sur del ACNUDH estuvo de visita en el país. Sus representantes se reunieron con la canciller Diana Mondino, con el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, con el secretario de Derechos Humanos Alberto Baños y con Bullrich. La única que emitió un comunicado dando a entender que la reunión había sido tensa fue la ministra de Seguridad, que estaba molesta porque un relator de la ONU había criticado por Twitter el protocolo anti-manifestaciones, su caballito de batalla.

Pocos días después llegó una comunicación firmada por los relatores Clement Nyaletsossi Voule (Libertad de reunión pacífica y de asociación), Irene Khan (Promoción y Protección del derecho a la libertad de opinión y expresión) y Mary Lawlor (Situación de los defensores de Derechos Humanos). Naciones Unidas desmenuzó artículo por artículo el protocolo de Bullrich. No hubo ni una sola ponderación positiva.

El ACNUDH --desde su oficina regional-- también pidió participar del debate en Diputados sobre la primera versión de la ley Bases. Entre sus preocupaciones estaba el capítulo que había redactado Bullrich. En ese momento, el organismo advirtió –en sintonía con organizaciones locales como la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi)– que la iniciativa podría ser una forma de convalidar ejecuciones extrajudiciales. Finalmente, ese capítulo fue apartado de la llamada ley ómnibus, pero la ministra envió proyectos por separado al Congreso.

Hubo también cuestionamientos por parte del sistema regional de derechos humanos. Como anticipó Página/12, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió convocar para el próximo 11 de julio a una audiencia para analizar la situación de la protesta social en la Argentina. Fue después de una presentación motorizada por el CELS en la que se describía cómo se habían cercenado derechos desde que el gobierno de LLA está en la Casa Rosada. En las últimas horas, el capítulo local de Amnistía Internacional anunció que hará también presentaciones ante los órganos internacionales.

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“Nosotros no cargamos más expedientes. Lo único que nos informaron es que la gestión ahora se realiza desde las provincias”. 

Esa fue la respuesta que recibió Natalia Lera de parte de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) cuando consultó por el pedido que presentó a principios de mayo para que su marido, Rodolfo (56), pudiera seguir con el tratamiento que comenzó en septiembre de 2023.

A fines de abril, después de una orden judicial, la familia logró que le entregaran la medicación que habían tramitado en diciembre del año pasado. Pero solo por dos meses: ahora les comunicaron que desde la Dirección nacional no cargarán más expedientes, que se deben hacer cargo las provincias. En el medio los pacientes, como él, deben esperar. Pero la enfermedad no espera: si el tratamiento para su melanoma no aparece tendrá que suspender la quimioterapia. 

Para que eso no suceda, la familia busca ayuda a través de las redes: necesitan una medicación llamada Pembrolizumab. 

“Nosotros presentamos los papeles para renovar la medicación los primeros días de mayo, pero hace unos días me avisaron desde la DADSE que ellos no cargan más expedientes, que ahora se tienen que hacer cargo las provincias. Sin embargo, eso siempre perteneció a Nación”, explicó Natalia.  

“Mientras tanto, ¿qué pasa con los tratamientos pendientes, con los tratamientos en curso? Dejaron a toda la gente así, en la nada”, agregó. 

El presupuesto de la DADSE para 2023 es el mismo que el previsto para 2024: $37 mil millones. Pero para fines de mayo habían ejecutado poco más de $9.000 millones, apenas el 24% del total.

“Las licitaciones comenzaron a circular recién a principios de marzo”, explicó a PERFIL Alexis Descourvieres, integrante de la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA). Fue después de que la DADSE cerrara sus oficinas en el mes de febrero, con el objetivo de hacer un “reordenamiento”. Pero las licitaciones empezaron con al menos tres meses de demora. “En lugar de resolver los casos de 1900 pacientes que esperaban están atendiendo 150 o 200 cada 20 días”, agregó Descourvieres. 

Melisa Viti inició a fines de mayo los trámites para su mamá, Karina Perticarini (55). “Ella fue diagnosticada a mediados de marzo con cáncer de mama triple negativo. Por el tipo de cáncer y el estadio (III) en que se encuentra, el tratamiento indicado por la oncóloga es quimioterapia intravenosa para reducir, luego se hacen estudios y, si va todo bien, se opera”, le explicó a PERFIL. 

Karina necesita diferentes tratamientos, de los cuales uno debería ser cubierto por Nación. Se trata, como en el caso de Rodolfo Lera, del Pembrolizumab, un medicamento que cuesta alrededor de $7 millones. Cuando Melisa logró juntar toda la documentación que le solicitaban y la envió, el 29 de mayo, la respuesta de la DADSE fue la siguiente: "El día jueves 30/05 del corriente nos informaron que de ahora en más no podemos dar inicio a expedientes de medicación de alto costo. La oficina que ocupábamos en calle Fitz Roy 160 fue cerrada. Aparentemente la gestión administrativa de estos expedientes se realizará a través de dependencias provinciales, pero aún no conocemos el procedimiento".

Melisa y su mamá viven en Bahía Blanca, y ahora evalúan viajar a Buenos Aires para intentar tener respuestas de manera presencial, aunque eso no sea una garantía. “A nosotros, que somos del interior, se nos complica mucho”, explicó Melisa. 

Hasta ahora consiguieron la droga a través de donaciones. “Pero siempre está el miedo de no conseguirla. La verdad, ya no sabemos qué hacer”. 

Descourvieres afirmó que cerraron 68 centros de referencia que estaban repartidos en diferentes puntos del país. “Toda la gente que es del interior está a la deriva, boyando a ver quién les toma el caso. Algunos expedientes todavía se abren, pero no sabemos con qué criterio se abren algunos y otros no”.

ALAPA brinda asistencia a algunos pacientes que no tienen la posibilidad de ir presencialmente a las oficinas a renovar cada dos meses su pedido. Es el caso de Alejandro David Baca (53), con diagnóstico de amiloidosis familiar. Todavía espera la medicación que tramitó hace tres meses. “Hace unos quince o veinte días me llamaron de Desarrollo Social para decirme que me iban a volver a llamar para avisarme cuando ya estuviera la medicación. Se llama Inotersen, tengo entendido que viene de España y es muy costosa. Está cerca de tres millones cada caja de treinta comprimidos, que sirve para un mes”, le explicó a este medio. Hace por lo menos 90 días que está sin medicación. 

El tratamiento de su enfermedad es de por vida. “Cada vez que voy a pedir la medicación tengo que hacer los papeles de nuevo. Hay gente en silla de ruedas que tiene que andar, que no puede”, agregó. El trámite incluye una encuesta, una visita al médico, al ministerio de Salud local para que haga la negativa y –si todo está bien– recién entonces se pueden presentar los papeles. 

Mientras Alejandro espera, intenta llevar la enfermedad lo mejor que puede. “Estoy como cuando empecé con la medicación. Pero dentro de todo estoy bien, por mi fuerza de voluntad. Entonces camino, salgo a caminar con mi bastón. Por eso digo que deberían hacer más fáciles las cosas”, concluyó.

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La Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública de la cual la AASAP es  miembro, acaba de elegir una nueva Presidenta, el pasado 26 de mayo. La Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública (WFPHA por sus siglas en inglés) y nosotros desde AASAP, nos unimos en dar con orgullo la bienvenida a Emma Rawson Te-Patu como nueva presidenta.

Emma pertenece a los grupos tribales maoríes de Ngāti Ranginui, Ngai te Rangi, Raukawa y Ngāti Hauā y es la primera mujer indígena en ocupar este relevante puesto de proyección mundial.

Emma es directora de ManuKahu Associates Limited, una consultoría indígena en Āotearoa, Nueva Zelanda. Tiene una Maestría en Salud Pública con especialización en Racismo Institucional de la Universidad Tecnológica de Auckland. Actualmente, Emma está trabajando en el desarrollo de un marco global para una salud pública transformadora, basada en el conocimiento, los valores y los derechos humanos indígenas. Como presidenta, Emma dará prioridad a la descolonización de la salud pública a nivel mundial.

El liderazgo de Emma promete impulsar avances significativos en la salud global, fomentando un mundo más saludable y equitativo.