Familiares de víctimas de mala praxis participaron hoy de la presentación en la Cámara de Diputados de la Ley "Nicolás" o de seguridad del paciente frente a los casos de mala praxis, con una concentración previa donde pidieron por la aprobación para que estos hechos puedan prevenirse.

Los puntos principales del proyecto presentado hoy son “la creación de la historia clínica digital, interoperable y encriptada que puede ser consultada en cualquier lugar del país; recertificaciones obligatorias y periódicas para los profesionales de la salud; el desarrollo de protocolos de actuación así como sistemas de auditoría y vigilancia, que disminuyan la posibilidad de daños evitables en las prácticas" sanitarias, precisó el diputado impulsor de la normativa, Fabio Quetglas.

“En Argentina ha habido una cantidad importante de eventos adversos, así se llaman técnicamente, que en muchos casos obedecen a cuestiones del sistema sanitario pero en otros al mal comportamiento de profesionales de la salud que han producido una carga de dolor en familias”, aseguró el legislador radical por la provincia de Buenos Aires.

Y, agregó que estas situaciones “han movilizado a la sociedad civil a poner la lupa en el sistema de salud, en donde, así como nos curamos también hay riesgos y le corresponde al Estado minimizarlos a través de todos los instrumentos de los que disponga”.

Asimismo, precisó que el proyecto presentado hoy en la Cámara Baja “cuenta con el apoyo de la Academia Nacional de Medicina y del Observatorio de Seguridad del Paciente” lo que consideró “muy importante” y agregó que: “todo el mundo se está moviendo en materia de seguridad del paciente, es un tema central de agenda sanitaria de todos los países, la OMS lo está impulsando desde el 2019”.

Esta versión de la Ley Nicolás excluye el delito de "mala praxis médica" del Código Penal, que figuraba en proyectos anteriores y que había generado el año pasado el enfático rechazo de diferentes asociaciones médicas y científicas.

Durante la presentación que realizó hoy en el Salón Auditorio del anexo de la Cámara baja participó Gabriela Covelli, presidenta de la Fundación por la Vida y la Salud y creadora de la primera versión del proyecto de ley desde que su hijo Nicolás Deanna murió en 2017, cuando tenía 24 años, por una mala intervención médica.

“Por primera vez nos están escuchando, hace tres años que venimos a esta misma plaza y pegamos los carteles de nuestros hijos pero parecería que a nadie le importa. Hoy por primera vez alguien alza la voz por nosotros”, señaló la mujer en la concentración previa a la presentación.

Covelli apuntó que "en este ocasión un diputado decidió presentar el proyecto, otros diputados lo acompañan y quiero pedirle al resto de los legisladores que por favor vengan y escuchen el dolor de nuestras familias y que decidan por el bien colectivo y no por el bien individual". "Que decidan por lo que la Constitución y los tratados internacionales imponen que es que el derecho a la vida es un derecho universal”, reclamó.

Asimismo, aseguró que ella y la ONG que preside van “a seguir peleando y luchando como lo venimos haciendo hasta ahora por la otra parte (que no contempla el proyecto presentado hoy) que es que cada persona tiene que ser responsable de sus actos, la ley tiene que dejar de ignorar a las víctimas de mala praxis y a las de accidentes de tránsito”.

Según un relevamiento de la OMS, a nivel global, se estima que el daño a los pacientes es la 14ª causa de morbimortalidad, comparándose con enfermedades como la tuberculosis y la malaria; y está entre las 10 primeras causas de discapacidad.

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El Área de Salud y Población del Instituto de Investigaciones Gino Germani, que depende de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), organiza las XV Jornadas Nacionales de Debate Interdisciplinario en Salud y Población “Escenarios para la pospandemia: nuevas subjetividades, cuidados y políticas en salud”, que se llevarán a cabo del 3 al 5 de agosto, en forma presencial y virtual.

Las Jornadas, que se realizan desde 1994, congregarán a investigadores, profesionales, estudiantes, representantes de instituciones y organizaciones sociales, que participarán de diferentes actividades, entre estas, 14 mesas temáticas en las que se discutirán investigaciones sobre derechos sexuales; salud de la población LGBTNB; protección de los derechos a la salud de las infancias y adolescencias; y formación y condiciones de trabajo en salud a partir de la pandemia.

“Con esta edición buscamos recuperar el espacio de las Jornadas como un lugar de encuentro y discusión, que contemple no sólo la participación en las mesas de ponencias, sino que propicie el intercambio entre colegas, posibilite la realización de presentaciones de libros, talleres y otras actividades de manera presencial”, sostuvo el sociólogo Martín Güelman, co-coordinador del Área de Salud y Población del Instituto Germani junto con Rafael Blanco y Lucía Ariza.

Durante las reuniones, se compartirán y debatirán intervenciones que analicen las transformaciones que introducen las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y los procesos de digitalización en diferentes ámbitos del campo de la salud. También habrá mesas sobre salud mental y discapacidad desde una perspectiva crítica e interseccional relacionada tanto con identidades como con demandas sociales, cuidados, gestaciones y crianzas, abarcando nuevos activismos como las “mapaternidades”.

Para Ariza, es necesario destacar “la capacidad de las diferentes ediciones de las Jornadas para dar continuidad y profundidad a temas a lo largo del tiempo, como las temáticas en torno a salud, sexualidad y géneros, consumo de drogas, salud mental y políticas públicas de salud, así como para alojar debates y objetos novedosos de los estudios sociales de la salud y nuevas sensibilidades para su abordaje, como son la intersección entre salud y nuevas (bio)tecnologías, la visibilización de la heterogeneidad de los cuidados, la relación entre afectos y salud e incluso el diálogo de la salud (humana) con lo no humano (técnicas, espacios y diversas biologías, entre otros)”.

Las actividades de cuidado hacia las personas en situación de dependencia constituirán otro de los ejes de las Jornadas. Allí se analizarán las profundas transformaciones socio-demográficas que afectan a las familias y especialmente a las mujeres. “La reducción del tamaño de los hogares, el alargamiento de la vida y la mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo han provocado una disminución en la cantidad de miembros en el hogar con disposición para el cuidado”, señalan los organizadores, que apelan a la necesidad de diseño de políticas públicas para disminuir las desigualdades.

A modo de síntesis, Blanco destacó que desde el Área de Salud y Población del Instituto Germani siempre se priorizó fomentar “el diálogo entre disciplinas, campos profesionales y de intervención, como así también debatir los temas de coyuntura. Por eso las mesas centrales reúnen perfiles de la academia, las políticas públicas, el activismo y el sistema de salud”. En ese sentido, detalló: “Las tres mesas de debate centrales son sobre salud, alimentación y territorio, que nos parece un tema urgente; la confianza y desconfianza en la ciencia, a la luz de los debates que se dieron durante la pandemia de COVID-19, y los desafíos y la agenda pendiente tras la promulgación de la nueva ley de VIH, un tema que requiere redoblar esfuerzos en el horizonte de conseguir la cura”.

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A partir del próximo 20 de agosto, los supermercados y grandes cadenas deberán exhibir en sus góndolas productos con sus respectivas etiquetas negras, para advertir al consumidor si el producto tiene exceso de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías y sodio.

Este cambio se debe a la Ley 27.642 que fue publicada en el Boletín Oficial en noviembre del año pasado, a través de la cual se busca garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada.

El pasado 23 de marzo se publicó el Decreto 151/2022 en el Boletín Oficial, con el que el Gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (27.642) conocida popularmente como la Ley de Etiquetado Frontal.

Así quedó establecida la obligación de las empresas alimenticias de informar sobre los productos que tienen excesos de componentes que pueden ser nocivos para la salud.

La medida comienza a regir el próximo 20 de agosto para las grandes cadenas de supermercado.

A su vez, se aclaró que las empresas pequeñas o medianas tendrán más tiempo hasta el 20 de febrero de 2023 para incorporar el etiquetado.

El Ministerio de Salud, en tanto, informó que un 35% de las 2.658 solicitudes de prórroga para la implementación de las etiquetas fueron aprobadas. De hecho, se remarcó que "del total de registros con autorización sanitaria, solo un 3,13% fueron prorrogados y corresponden en su mayoría a grandes empresas y pymes".

De acuerdo a lo indicado por el organismo, los pedidos de prórroga se pueden realizar en caso de una limitación con motivos justificables "en el cumplimiento del cronograma de implementación para la adecuación a la declaración del rotulado frontal".

En tanto, la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología (ANMAT) estableció el Sistema de Declaración de Sellos y Advertencias Nutricionales que define los procedimientos y plazos para la declaración jurada, solicitudes de prórroga y casos especiales.

Entre los rubros que se presentaron se encuentran: golosinas, mermeladas, jaleas, dulces y confituras, panificados y galletitas, embutidos y conservas cárnicas, lácteos, bebidas alcohólica, frutas y verduras procesadas. También lo hicieron empresas vinculadas a cereales y pastas, salsas y aderezos, postres y polvos para preparados, snacks, helados, sopas y caldos, café y té.

29/07/2022 Diario Popular - Nota - Información General - Pag. 17 (CLICK AQUÍ)