El retroceso en materia de derechos de las políticas de La Libertad Avanza impacta en comunidades históricamente golpeadas como la comunidad LGBTIQ+. La PrEP --profilaxis preexposición-- que reduce en hasta un 99% el riesgo de adquirir VIH, volvió al centro de la discusión no por un avance , sino por el resurgimiento de un moralismo bastante podrido: voces dentro del propio colectivo afirman que el Estado “no tiene que pagar” un medicamento que —según ellos— “fomenta la promiscuidad”, “la falta de cuidados” o incluso supuestos “morbos”.
La realidad es bastante más cruda: el Gobierno nacional presentó un presupuesto 2026 que consolida el desamparo del Programa 22, incumpliendo la Ley Nacional 27.675 y el Fallo Benghalensis.
Ese desfinanciamiento no es un tecnicismo contable, es un retroceso con consecuencias letales: agrava la crisis, debilita la prevención y deja a miles de personas sin el acceso básico que el sistema público está obligado a garantizar. Respecto al PrEP, no se prevén compras, tampoco de PEP —de postexposición—, dejando sin prevención a más de 11 mil personas.
Pero vayamos a la génesis de esta historia: ¿por qué todos hablan repentinamente de la PrEP y por qué a varios les nació la urgencia de señalar con el dedo a quienes la toman, juzgando su intimidad o dando por sentado que “no se cuidan”? Todo estalló días después de la última Marcha del Orgullo de Buenos Aires, que llamó a sostener “más orgullo y unidad” frente al discurso homoodiante del gobierno de Javier Milei.
Poco después, se viralizó un informe de la Fundación GEP —Grupo Efecto Positivo por sus siglas— que denunció que el presupuesto 2026, que el oficialismo busca aprobar en sesiones extraordinarias tras su victoria legislativa, promueve “el abandono estatal de la respuesta al VIH, Hepatitis, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual”.
Para sorpresa de muchos, una parte de la propia comunidad LGBTIQ+ desconocía que el Estado garantiza la prevención y el cuidado de personas en situación de vulnerabilidad frente a enfermedades de transmisión sexual. Los detalles del informe actuaron como un cóctel molotov: reactivaron prejuicios, encendieron debates internos y habilitaron que decenas de personas cuestionaran políticas que salvan vidas y que permiten que miles vivan con mayor bienestar, dignidad y sin el peso del estigma.
La PrEP, un derecho consagrado y una herramienta de prevención combinada
Pero para entender el surgimiento de esta nueva “discriminación” interna dentro del propio colectivo homosexual, hay que volver a las bases. La profilaxis pre-exposición (PrEP) es una de las estrategias de prevención del VIH más reconocidas y eficaces del mundo. Su particularidad es esencial: está destinada exclusivamente a personas que no contrajeron el virus, pero que tienen prácticas o situaciones de exposición que podrían implicar riesgo de transmisión.
¿Cómo se toma? Es un comprimido antirretroviral de uso diario, una dosis cada 24 horas, siempre a la misma hora. No funciona “creando defensas”, como se suele simplificar: la PrEP bloquea el VIH e impide que el virus se establezca en el organismo en caso de exposición, evitando que infecte las células del sistema inmunológico y deteniendo su replicación.
La evidencia internacional es contundente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la PrEP como parte central de la prevención combinada, junto con el preservativo, la vacunación, el testeo temprano y la detección de otras ITS. Y en Argentina, además, la PrEP no es un privilegio ni un beneficio discrecional: es un derecho consagrado en la Ley 27.675.
Natalia Nelson, abogada del Servicio de Atención Personalizada de la Fundación Huésped, explica a Página|12: “La PrEP forma parte de la prevención combinada, igual que el preservativo, y el Estado es el garante de que cualquier persona pueda acceder sin barreras al tratamiento integral que necesita”, remarca.
La ley no deja zonas grises: independientemente de la cobertura que se tenga, todas las personas deben poder acceder a la profilaxis sin discriminación ni obstáculos administrativos.
Nelson advierte además que actualmente el problema no es solo presupuestario, sino estructural: la falta de educación sexual integral y el acceso desigual al sistema de salud generan brechas profundas que terminan dejando afuera justamente a quienes más necesitan estas herramientas de prevención. “Nuestro trabajo apunta a fortalecer la prevención. Y cuando hablamos de fortalecer la prevención, hablamos también de impacto económico: es muchísimo más apropiado —y más inteligente— invertir en evitar nuevas infecciones que afrontar los costos que supone no hacerlo”, enfatiza.
Un presupuesto 2026 que deja de lado la prevención
Con el triunfo de la administración libertaria en las elecciones legislativas de octubre pasado —lo que se traduce en más bancas para avanzar con la agenda de ajuste— comenzaron a conocerse los primeros detalles del presupuesto 2026, el primero elaborado íntegramente por Javier Milei tras prorrogar el de 2023 para los años 2024 y 2025. Y como era previsible, las novedades sobre los programas de respuesta al VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS no solo son negativas: en algunos casos, son directamente inexistentes.
Según alertó la Fundación GEP, el presupuesto proyectado para el Programa 22 será de $62.087.000.000, equivalentes a U$S 43.650.000 al tipo de cambio oficial. En comparación con el presupuesto estimado para 2024 (U$S 70.750.591), esto implica una reducción del 38% en dólares en un programa que depende casi por completo de insumos internacionales. La caída es aún más grave cuando se observa su peso dentro del Gobierno: el Programa 22 pasará a representar apenas el 2% del presupuesto total, cuando en 2023 representaba el 4,8%.
Las metas del presupuesto 2026 confirman un retroceso deliberado: se planifica atender a 71.500 personas con VIH, cuando en 2024 se atendieron 79.170; se recortan 23 millones de preservativos, en pleno aumento de sífilis y otras ITS tras la falta de compras en 2024/2025; se elimina la producción de materiales educativos, anulando la prevención comunitaria; y como broche final, no se prevén compras de PrEP ni PEP, dejando sin prevención a más de 11.000 personas que hoy dependen de esas herramientas para no adquirir el virus.
José María Di Bello, psicólogo y prosecretario de la mencionada organización, explica a este diario que, tras detectar la magnitud del recorte, la organización se reunió con el diputado Esteban Paulón (Hacemos por Nuestro País) y planea solicitar encuentros con otros legisladores para visibilizar el retroceso que implica. “Son políticas públicas que deben estar y que deben estar garantizadas. Es una ley que costó ocho años y el Estado es quien debe asegurar el acceso para las personas más vulnerables, además de acompañar a quienes pueden obtener la medicación a través de obras sociales y prepagas”, señala.
Di Bello remarca que la propia Ley 27.675 establece que la respuesta al VIH debe ser integral, tanto en el tratamiento como en el suministro de insumos preventivos. “La mejor manera de prevenir es que todas las personas con VIH estén en tratamiento, junto con aquellas que desean acceder a sus medicamentos de prevención. Hace unos años, la PrEP se incorporó entre presiones e intereses especulativos de las multinacionales”, advierte.
Y añade un matiz clave para el debate público: “Si bien la PrEP es efectiva y un excelente insumo de prevención, también es cierto que es igual de efectivo tratar a todo el mundo. Quizás sería necesario discutir qué estrategia impulsamos con más fuerza y con mejores resultados para la salud colectiva”.
Huesped también advierte inconsistencias en las metas de tratamiento. De acuerdo con la reconocida ONG, el Gobierno proyecta atender a 71.500 personas con antirretrovirales en 2026, una cifra apenas superior a los 66.893 tratamientos consignados en 2023. Pero la propia ejecución presupuestaria al tercer trimestre de 2025 —según los datos oficiales— muestra 71.564 personas bajo programa, es decir, más de lo que se planea cubrir en 2026.
A esto se suma otro dato alarmante: en el último año reportado se diagnosticaron 6.400 nuevos casos, y el 70% de las personas con VIH en la Argentina depende exclusivamente del sistema público. Esto implica que casi 5.000 personas nuevas necesitarán tratamiento antirretroviral.
“El Estado no tiene que pagarte la fiesta”: el discurso de odio dentro de las filas LGBTIQ+
Lo verdaderamente inquietante es la reacción de miembros de la propia comunidad LGBTIQ+ que sostienen que herramientas de prevención como la PrEP y la PEP no deberían ser garantizadas por el Estado. No solo carecen de argumentos basados en evidencia (y empatía), sino que estas afirmaciones suelen venir acompañadas de chicanas y discursos abiertamente estigmatizantes, inimaginables apenas unos años atrás.
En X (exTwitter), espacio fértil para debates rancios, circularon frases como “el Estado no tiene que pagarte la fiesta”, “hay gente que le pide al Estado que banque su promiscuidad” o incluso mensajes más violentos: “Hay gente que cree que acostarse con desconocidos es un derecho y que todos debemos pagarle la droga para que no se contagien VIH”. Sí, son mensajes devastadores. Y revelan que el odio no siempre viene de afuera: a veces se filtra por las grietas más impensadas.
Al respecto, José María Di Bello reconoce que “es la primera vez que escucha este tipo de comentarios” dentro del propio colectivo.
Y profundiza aún más sobre el trasfondo del clima social actual: “‘Si te infectaste porque sos un promiscuo o no te supiste cuidar, no tenemos por qué pagar con nuestra plata’. ¿Por qué alguien estaría en contra de los mecanismos que reducen infecciones? Esto está íntimamente relacionado con la política cruel del Gobierno y con la habilitación para que circulen esta clase de discursos.”
Desde la comunidad médica advierten que el estigma —especialmente el vinculado a la sexualidad, la PrEP, la salud mental o las ITS— aleja a las personas del sistema sanitario. No es solo miedo: es la combinación tóxica entre desinformación, prejuicios sociales y un clima político que celebra la crueldad como virtud pública.
Desde el área legal de la Fundación Huésped, Natalia Nelson explica que la incertidumbre frente al recorte presupuestario no es nueva: “La consulta siempre está: la gente quiere saber si habrá medicamentos, si habrá continuidad”. Su experiencia acompañando a personas que se atienden en el sistema público es clara: “Nosotros somos defensores de que las personas puedan acceder a su derecho en tiempo y forma. Por eso nos preocupa que se reduzca el presupuesto. Ya ha pasado antes: cuando el Estado recorta, la gente se queda sin herramientas para reclamar”.
Nelson subraya que la Ley 27.675 es “profundamente protectora”, justamente porque busca reducir desigualdades, proteger a poblaciones vulneradas e incorporar la diversidad y la perspectiva de género en el acceso a la salud. “Es esencial respetar la identidad de cada persona y que el Estado contemple todas las protecciones del derecho a la salud, con todas sus particularidades. Son obligaciones que el Estado asumió, incluso en el plano internacional. El acceso a la salud es un derecho humano”, enfatiza.
La norma del odio y la subestimación de la PrEP
Para Paulo Dos Santos, médico residente del último año de Infectología en el Hospital Fernández, el clima que rodea a la PrEP no se explica solo por desconocimiento sanitario: se explica por un ecosistema de violencia que ya se volvió cultura. “¿Por qué creo que hay tanto discurso de odio? Porque es la norma hoy en día”, señala consultado por P|12. “Los medios, nuestro medio, y las redes sociales como X han instalado esa norma. La norma es odiar, criticar. No importa si lo hacen sin fundamentos”. El problema no es solo lo que se dice: es lo que ese discurso habilita y normaliza.
Dos Santos advierte: “Creo que se subestima a la PrEP como estrategia para prevenir una infección que no solo se ha cobrado muchas vidas, sino que acarrea una complejidad única”, afirma. No se trata de un comprimido “para no cuidarse”, como repiten sectores desinformados: se trata de una estrategia global avalada por evidencia robusta y recomendada por la OMS.
El infectólogo también explica algo que gran parte del debate público ignora: que vivir con VIH es una experiencia atravesada por capas de complejidad social, médica y emocional. “Las personas que viven con diabetes, con hipertensión o con hipotiroidismo no ven sus vidas atravesadas por la cantidad de cosas a las que se enfrenta una persona con VIH”, reflexiona. El estigma, la discriminación, las barreras de acceso y los costos psicológicos siguen siendo enormes, aun en 2025.
Esa complejidad no puede abordarse con soluciones simplistas ni moralizantes. Dos Santos lo resume con una excelente comparación: “Así como la obesidad es un problema complejo que requiere un abordaje multidisciplinario, con un abanico de opciones para adaptarse a cada persona, lo mismo pasa con el VIH y las ITS”. La prevención no es universal ni homogénea: se adapta, se combina, y se personaliza. “A algunos les funcionará el preservativo y será suficiente. A otros no. Pero no podemos reducir la respuesta a un flagelo tan complejo como el VIH a una sola estrategia”, completa.
Al final, lo que está en juego no es un comprimido ni una táctica aislada de prevención: es el sentido mismo de la salud pública como derecho, la obligación del Estado de cuidar a quienes más lo necesitan y la capacidad de una sociedad de no retroceder al prejuicio como política.
Mientras el Gobierno desfinancia programas esenciales y sectores del propio colectivo repiten discursos de odio que no resisten un dato, la evidencia es contundente: la prevención combinada salva vidas, la PrEP es una herramienta probada y el acceso universal no es un privilegio, sino una conquista que costó décadas.
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