Un distrito con casi un millón de habitantes de la ciudad china de Wuhan (centro) decretó ayer un confinamiento de cinco días debido a un rebrote de Covid en sus calles. Una decisión que muestra nuevamente lo lejos que se halla China de la normalidad postpandémica más de dos años y medio después de que la ciudad en la que supuestamente se inició la pandemia fuera confinada por primera vez.

El distrito de Hanyang confinó a sus 900.000 residentes permanentes, pidiéndoles que permanezcan en sus hogares y que no salgan a no ser que sea estrictamente necesario.

Las medidas incluyen el control de las rutas y el cierre de los accesos al distrito además de a las comunidades durante cinco días, tras confirmarse 15 casos asintomáticos en el distrito el martes. A su vez, los habitantes del distrito deberán realizar pruebas PCR en cada uno de los días que dure el confinamiento.

La ciudad de 11 millones de habitantes m++ira de reojo estos acontecimientos, preocupada por la historia reciente, a pesar de que hasta ahora las restricciones se limitan a ese distrito.

Otras poblaciones del gigante asiático se encuentran en una situación similar sin que se haya decretado necesariamente un confinamiento de forma oficial.

POLÍTICA "CERO COVID❞

Barrios de capitales provinciales como Xining (centro) o Zhengzhou (centro), se hallan confinados, según testimonios de vecinos en redes sociales.

China, aferrada a una estricta política de "cero Covid❞ que descarta convivir con el virus, lleva más de cinco meses lidiando con rebrotes de la variante Ómicron, con el caso más serio ilustrado por el confinamiento de la megalópolis de Shanghai (26 millones de habitantes) durante más de dos meses.

La estrategia consiste en estrictos controles fronterizos, el aislamiento de todos los contagiados y sus contactos cercanos y restricciones a la movilidad y campañas de pruebas PCR allá donde se detecta algún caso.

En las grandes ciudades, se ha instaurado la práctica de "pruebas PCR normalizadas", según la cual los habitantes tienen que presentar pruebas negativas realizadas en las 24, 48 o 72 horas previas para acceder a lugares públicos.

Además de enormes pérdidas económicas, estas duras medidas causaron muestras visibles de irritación y descontento en la población, que hasta ahora había apoyado mayoritariamente esta política gubernamental. Durante el XX Congreso del Partido Comunista de China (PCCh), celebrado días atrás en Beijing, no se dejó entrever un cambio de estrategia.

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Las obstétricas, más conocidas como parteras, reclaman al Congreso la sanción urgente de una ley de ejercicio de su profesión, que jerarquice sus funciones de acuerdo la formación académica universitaria de 4 a 5 años que reciben y les permita trabajar en todos los ámbitos de la salud sexual y reproductiva. Hoy tienen limitadas sus incumbencias y varían según las provincias. La norma nacional que las regula tiene más de 50 años y define a la Obstetricia como “actividad de colaboración” de la Medicina, sin contemplar las competencias que les otorga el título universitario.

La falta de regulación adecuada contribuye, además –advierten-- a la invisibilización de su trabajo y a la precarización laboral, tal como describe desde Córdoba la licenciada en Obstetricia Lorena Musicarelli: “Estoy sola en una guardia como la única representante del Servicio de Obstetricia y atiendo desde un sangrado por una menstruación abundante hasta un aborto en curso o un trabajo de parto”. Por eso, la reforma normativa se vuelve urgente, dice: “Con una ley que nos ampare, nuestro trabajo tendría el marco legal para todas las prácticas que realizamos y que garantizan derechos”, planteó Valeria Plugoboy, licenciada en Obstetricia de Entre Ríos.

En los últimos 15 años se presentaron siete proyectos en el Congreso para cambiar sus incumbencias. Recién en 2019 una de las iniciativas obtuvo media sanción en Diputados pero luego perdió estado parlamentario en el Senado. Este año se presentaron otros tres proyectos y se consensuó un texto en la comisión de Salud pero todavía no obtuvo dictamen y debe pasar también por Legislación General. Apunta a reconocer a la Obstetricia como una especialidad con autonomía en el campo de la salud y no como una labor auxiliar y subordinada a la Medicina. La presión de la corporación médica en contra de que se las jerarquice sería uno de los obstáculos que habrían jugado en los últimos años para frenar la discusión legislativa.

El panorama de la Obstetricia se complejiza aún más debido a que “hay una incongruencia entre la formación, la praxis y la ley”, dijo a Página/12 Lidia Regina Fain, licenciada en Obstetricia jubilada: trabajó en la guardia del Hospital Pirovano, y en el Policlínico Bancario, en la ciudad de Buenos Aires y en atención primaria en el partido bonaerense de José C. Paz. En las actividades cotidianas –agregó-- cumplen, sin reconocimiento, más tareas de las que estipula la norma vigente, “porque así lo demanda nuestro compromiso con la salud y los recursos disponibles”.

En el país hay alrededor de 6000 obstétricas. En el reclamo de una ley cuentan con el apoyo de organismos internacionales como el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNPFA) y otras organizaciones que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos como IPAS y el Centro de Estudios de Estados y Sociedad (CEDES) y desde donde advierten que el cambio normativo les permitiría a las obstétricas actuar para reducir el alto porcentaje de cesáreas innecesarias que se practican en el país, y mejorar las tasas de mortalidad de mujeres por gestación y de embarazos no intencionales en adolescentes.

Pero la normativa vigente a nivel nacional –la Ley de Ejercicio de la Medicina, de 1967-- no les permite de manera plena proveer los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva. Sólo las habilita, como colaboradoras en la atención del embarazo, parto y puerperio, sin considerar la planificación familiar y el acceso a métodos anticonceptivos, entre otras incumbencias fundamentales.

“Todas las normas internacionales de los organismos rectores de la salud pública reconocen el importantísimo rol que juegan las obstétricas en la promoción, la prevención y el tratamiento de algunos problemas en la salud de la persona gestante, la salud neonatal y la salud sexual y reproductiva”, indicó a este diario la socióloga Silvina Ramos, investigadora titular del CEDES e integrante de la Red de Acceso al Aborto Seguro en Argentina (REDAAS).

CEDES, con IPAS, REDAAS y UNFPA lanzaron esta semana una campaña de apoyo el reclamo de las obstétricas. “Será un aporte a la salud pública y a la agenda de género en Argentina”, dijo Ramos.

“Actualmente existe una regulación fragmentada y dispar de las competencias de la Obstetricia en todo el país y muchas regulaciones provinciales son previas a la sanción de importantes normas en materia de salud sexual y reproductiva, como las de parto respetado y la interrupción voluntaria del embarazo”, explicó Sonia Ariza Navarrete, abogada e investigadora adjunta de CEDES.

La disparidad de las normas, aclaró, tiene importantes consecuencias para las obstétricas y para las pacientes. Uno de los aspectos en los que se encuentran diferencias entre jurisdicciones es la participación en el parto: la mayoría de las regulaciones aprobadas desde 2010 permite a las obstétricas conducir, realizar y completar este proceso sin intervención de otros profesionales cuando se trate de partos de bajo riesgo, pero eso no sucede con las normativas previas, detalló Navarrete

Tampoco hay una indicación normativa común sobre la prescripción, entrega o colocación de métodos anticonceptivos (MAC), ya que sólo en la mitad del país las obstétricas están habilitadas para colocar o extraer MAC de larga duración. Debido a que tienen una alta efectividad, en las provincias donde no está aclarada esa competencia, las mujeres y personas con capacidad de gestar tienen una limitación injustificada en la accesibilidad a su derecho a la salud, puntualizó Ramos.

En cuanto al servicio de consejería, otra de las incumbencias recomendada para la Obstetricia, está ausente en la mayoría de las provincias y las que la contemplan tienen variaciones en su alcance. Algunas se limitan a la consejería anticonceptiva, otras amplían su función a la salud reproductiva y unas pocas incluyen consejería en IVE/ILE. 

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