Hasta el 20% por ciento de la población española tiene genes que alteran su respuesta a fármacos como el ibuprofeno, según un estudio realizado por investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y publicado en la revista científica Pharmaceutics.

El trabajo, que ha analizado el impacto de la genética en la respuesta a fármacos en la población española, se centra en 21 genes con un papel en el metabolismo, transporte o dianas de los fármacos más comunes. En concreto, se ha estudiado en profundidad información genética de 3.006 personas que constituyen una muestra representativa de la población española.

Los resultados indican que el 98% de la población porta al menos algún gen farmacogenético (gen relevante para la interacción con fármacos) con variantes que podrían afectar a la respuesta a los tratamientos. La práctica totalidad de la población, por tanto, "podría beneficiarse del uso de esta información para personalizar su tratamiento y, en consecuencia, mejorar la respuesta al mismo", ha señalado la jefa de la Unidad de Genotipado Humano del CNIO y directora del trabajo, Anna González Neira.

La experta considera que "los tratamientos podrían ajustarse a lo más adecuado para cada individuo de acuerdo con sus genes farmacogenéticos, de forma que fueran más eficientes y seguros".

En concreto, un 50% de la población se beneficiaría de cambios en los tratamientos habituales con antidepresivos tricíclicos, y un 10% de ajustes en determinados anticoagulantes, antitumorales e inmunosupresores, entre otros medicamentos. Estos cambios van desde la búsqueda de un fármaco alternativo a la prescripción de una dosis diferente a la estándar. "Nuestro estudio aporta una valiosa información de referencia para ayudar a implementar el diagnóstico farmacogenético en España", ha añadido González Neira.

Los fármacos más afectados

Entre los 64 fármacos analizados hay algunos tan comunes como la simvastatina (empleado para bajar el colesterol), los antidepresivos tricíclicos, el antitumoral tamoxifeno y el inmunosupresor tacrolimus.

La familia de los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, la simvastatina, la terapia anticoagulante con clopidogrel y el inmunosupresor tacrolimus parecen estar alterados en 10-20% de la población española.

"Nuestro estudio pone de manifiesto que los pacientes tratados con antidepresivos tricíclicos son los que más podrían beneficiarse de la implantación de un diagnóstico farmacogenético, ya que alrededor del 50% españoles necesitarían la prescripción de un fármaco alternativo o una disminución de la dosis inicial", han explicado los autores.

Además, "alrededor de un tercio de la población necesitarían una prescripción diferente para la terapia antirretroviral, los opioides y algunos antitumorales, como el tamoxifeno".

Prueba preventiva

La farmacogenética busca ofrecer a los pacientes "tratamientos óptimos, y avanzar hacia una medicina personalizada", señala González Neira. "Nuestro objetivo final es conocer mediante una única prueba preventiva el perfil farmacogenético de cada individuo, para así personalizar el uso del mayor número de medicamentos posible", ha añadido al respecto.

Las reacciones adversas a medicamentos son "un grave problema clínico", escriben los autores del trabajo, firmado en primer lugar por Rocío Núñez Torres, del CNIO. Se considera que los efectos adversos a medicamentos suponen la quinta causa de muerte en España.

Uno de los factores que contribuyen a su aparición es la variabilidad genética humana: aunque un medicamento sea efectivo para la mayor parte de la población -por eso se aprueba--, puede no ser útil, o incluso ser perjudicial, para personas con un determinado perfil genético.

Aplicación clínica

En los últimos años, los datos genómicos y epidemiológicos de distintas poblaciones, almacenados en bases de datos accesibles a la comunidad científica internacional, han impulsado la farmacogenética. Pero la realidad es que "la implementación del diagnóstico farmacogenético está siendo extremadamente lento y desigual en todo el mundo", han lamentado Núñez Torres y el resto de los autores.

Para facilitar que el conocimiento de la farmacogenética llegue a la clínica, consideran que la información de la variabilidad genética específica de cada población es "esencial". Por eso, para este trabajo se recabaron datos genómicos de más de 3.000 españoles, y buscaron en ellos las variantes genéticas de 21 farmacogenes que afectan a la respuesta de 64 fármacos.

Se trata, afirman los investigadores, del "estudio de farmacogenética más completo" llevado a cabo en la población española hasta la fecha. Toda la información obtenida se ha puesto a disposición de la comunidad científica en el Servidor Colaborativo de Variabilidad Española (CSVS, por sus siglas en inglés), un proyecto iniciado hace tres años y que recoge ya más de 2.000 genomas de españoles no emparentados.

"Aunque ya existen guías clínicas farmacogenéticas disponibles para ser usadas en el ámbito clínico, dentro de la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica (SEFF) estamos trabajando intensamente en la elaboración de guías especificas españolas que faciliten y aceleren la implementación de la farmacogenética en nuestro país", ha apuntado González-Neira.

PUBLICADO EN DIARIO DE SEVILLA (CLICK AQUÍ)

Fabiana Soledad Ancieta viajó desde Salta. Lleva remera roja. Es psicóloga, tiene 40 años y hace seis, cuando tuvo a su segunda hija, sufrió violencia obstétrica en una clínica privada de la capital provincial: “Tuve un parto precipitado en la semana 39 de embarazo porque mi obstetra quiso apresurar el nacimiento y me hizo manualmente un desprendimiento de membrana, sin mi consentimiento, una práctica no recomendada por la OMS”. Su obstetra no llegó a tiempo al parto y lo tuvo en una guardia casi en soledad. Fabiana lo denunció y logró la primera sentencia en Salta que reconoció la violencia obstétrica. Ella fue una de las cientos de mujeres con vestimenta roja que este miércoles se concentraron por la tarde frente al Congreso --y en 23 ciudades más de distintas provincias-- en la primera marcha nacional contra la violencia ginecobstétrica, convocada por más de 80 organizaciones en el marco de la Semana Mundial de Parto Respetado. “Queremos decir que gestar, parir, amamantar y también abortar es político, y queremos hacer uso de elegir cómo y con quién, de una manera segura y respetuosa de los derechos humanos”, reclamaron.

Fabiana leyó desde el escenario una parte del documento consensuado entre las organizaciones, en el que demandaron, entre otros puntos, la sanción de cuatro leyes: una que obligue a capacitar a los equipos médicos; otra que amplíe las incumbencias de las obstétricas; la tercera, que cree casas de parto, y la cuarta, que regule la actividad de las puericultoras, todas iniciativas con estado parlamentario en la Cámara de Diputados pero sin avance en su tratamiento.

Además, pidieron por la implementación de políticas públicas para prevenir este tipo de violencia contra las mujeres y personas que gestan o quieren abortar, y por la libertad de Juana y otras mujeres criminalizadas por abortos o luego de sufrir emergencias obstétricas con embarazos avanzados.

"Decidimos salir por primera vez a la calle porque siempre la semana del parto respetado queda en las que sufrimos violencia o en las activistas y necesitamos que esta problemática la conozca la sociedad en su totalidad", dijo Florencia Kot Hansen, politóloga y coordinadora de Mi Parto, Mi Decisión.

El color rojo se encontraba por todos lados. En las remeras, en los rostros, las manos de las manifestantes. Estaba también en carteles pegados en la Plaza de los Dos Congresos que contaban frases de profesionales de la salud escuchadas en salas de parto: "Quedate quieta o te ato"; "No te podés quejar, te cosí y te dejé como una de 15"; "Dejá de llorar que bien que cuando lo hiciste no llorabas"; "No sabés pujar! Tu bebé se va a morir"; "Acá la única que decide soy yo"; "Acá la única que grita soy yo, así que callate y pujá".

Sobre las rejas del Congreso se montó una muestra fotográfica titulada “Los 10 mandamientos de la violencia ginecobstétrica”, realizada para la marcha por las artistas Camila Lavandeira, Evangelina Spoto y Gabriela Lerner. Cada imagen aludía a situaciones que suelen repetirse en salas de parto o en guardias en el sector público y privado: no dejar gritar a las mujeres, denunciarlas si tienen un aborto, dejarlas solas, sin la compañìa de un familiar, cuando muere un hijo al nacer, no responder al llamado de la parturienta cuando tiene algún dolor o una urgencia, no escuchar sus deseos a la hora de elegir cómo parir, entre otras. "Buscamos visibilizar, porque muchas veces las personas no saben de qué hablamos cuando nos referimos a este tipo de violencia. Quien vea la muestra de alguna forma se va a ver representada", dijo Spoto a Página|12.

Las participantes hicieron un “ritual de cicatrización” de la violencia ginecosbtétrica y neonatal, que consistió en dejar una flor roja con un relato de las vulneraciones que sufrieron en las consultas ginecológicas, en el embarazo y en el parto.

“Nos reunimos en esta plaza para gritar juntxs basta de violencia ginecobstétrica y neonatal”, arrancó la primera de las activistas que se subieron al escenario para leer el documento consensuado.

En la plaza se vieron mujeres de la ciudad de Buenos Aires pero también de Río Negro, San Luis, Santa Fe, entre otras provincias, y de La Plata y municipios del conurbano. Como Celeste Cornejo, que llegó desde Morón. También tiene 40 años, como Fabiana, pero trabaja para una empresa de limpieza y es mamá de un adolescente de 14 años. Ella sufrió violencia obstétrica en el sector público. El 14 de julio de 2018 le hicieron una cesárea en el Hospital de Morón, en la que murió su hijo Benicio. Celeste contó que la primera noche después de perder a su hijito, una enfermera se presentó en la habitación y le dijo a su pareja de mala manera que no podía permanecer con ella: “Le informamos que se encontraba autorizado. Ante mi negativa y angustia de quedarme sola, la enfermera llama a personal de seguridad que de mala forma obliga a mi pareja a retirarse”. A Celeste no le muestran el cuerpo de Benicio, lo llevan a la morgue directamente. Ella junto a cinco mujeres más que --tal como reveló este diario-- vivieron distintas situaciones de violencia obstétrica en el Hospital de Morón entre 2016 y 2018 durante la gestión de Cambiemos, llevan adelante una denuncia colectiva. “Estoy acá para reclamar canales efectivos de denuncia, para visibilizar nuestros casos y que nunca más ocurran hechos similares”, dijo Celeste a Página 12. Fue otras de las mujeres que leyeron el documento conjunto.

También reclamaron:

• La creación de un programa específico en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad “para lograr la erradicación definitiva de la violencia ginecobstétrica”. y que entre otras funciones recabe información estadísticas.
• La implementación de programas de detección, contención y acompañamiento a víctimas de violencia ginecobstétrica.
• La actualización de currícula y contenidos en las carreras competentes a la temática.
• La incorporación de este tema a la Educación Sexual Integral.

La creación de Protocolos de Atención a Víctimas de Violencia Ginecobstétrica y Neonatal, “es decir, procedimientos claros y unificados para quejas, reclamos o “denuncias” de carácter administrativo”.

De la marcha también participaron doulas, parteras, obstetras e incluso estudiantes que quieren cambiar el trato y la atención. "Cada vez que tocaba hacer una guardia presenciaba situaciones violentas. Me sentía mal, una cómplice, pero yo estaba para aprender esas prácticas y las represalias podían ser altas si cuestionaba lo que me enseñaban", contó Josefina, estudiante de la licenciatura en Obstetricia. "Desde la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo nos empezamos a replantear conceptos y nos dimos cuenta que los cuerpos pueden y deben ser libres y autónomos", agregó Raquel, partera.

El año próximo se cumplen 20 años de la Ley 25.929 de parto respetado, una norma que recién fue reglamentada en 2015. Sin embargo, como se señaló en el documento consensuado, persisten “prácticas naturalizadas e invisibilizadas, enseñadas de generación en generación (que) replican y sostienen un modelo médico hegemónico patriarcal y paternalista, misógino, cisheteronormativo y racista”.

Desde el escenario, se recordó que en 2019, la ONU publicó un informe en el que calificó a varias de las prácticas aún vigentes en la atención de los nacimientos como violaciones a los DDHH, por ejemplo: atar las piernas cuando se está pariendo, la cesárea sin consentimiento, suturar sin anestesia, la episiotomía de rutina.

"Estoy acá porque mi hijo Juan Bautista falleció hace 8 años", relató Maria Nieva, quien luego de lo que vivió se propuso estudiar Obstetricia. "Me ataron para parir, me medicalizaron y me hicieron una maniobra de Kristeller, donde se subió una partera encima mío y descargó toda la fuerza de su cuerpo", detalló la mujer. "No monitorearon a mi hijo, no sabemos en qué momento se quedó sin oxígeno. Escondieron todo y mi historia clínica la adulteraron. Cinco meses después del parto mí bebe murió", agregó.

Entre otras prácticas frecuentes de violencia neonatal, las activistas mencionaron la programación precoz de las cesáreas (sin motivo médico), la excesiva medicalización del parto. También “cuando en los equipos de neonatología se oponen a la entrada de lxs mapadres”; se “restringen sutilmente el contacto entre el/la bebé y sus progenitores”; no se transmite la información médica adecuadamente, de forma simple y clara; el equipo médico o de enfermería se comportan con el/la niño/a como si fuese de su propiedad sin respetar el derecho de lxs mapadres.

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