El gobierno de Javier Milei parece jugar con fuego al encarar un ajuste fiscal nunca visto en democracia mientras al mismo tiempo pone en marcha reformas en áreas críticas que sostienen una red de contención popular crucial en tiempos de crisis.
Por ejemplo, mientras las planillas muestran un recorte en prestaciones sociales y los indicadores de pobreza e indigencia empeoran, el Presidente asegura que los comedores de las organizaciones sociales son un curro y por eso no les manda comida a todos.
Al mismo tiempo, mientras se apresta a iniciar la suba de tarifas de luz y de gas, la Secretaría de Energía cambiará la forma de asistir a los hogares para disciplinar un uso irracional de los recursos que se extendió en la última década.
Y ahora, mientras hasta el Fondo Monetario Internacional advierte sobre el impacto de los recortes en las jubilaciones -las partidas cayeron un 34% en términos reales en el primer bimestre- el PAMI se encamina a revisar el plan de medicamentos gratuitos que rigió durante los últimos cuatro años.
El futuro del plan Vivir Mejor del PAMI
Se trata de un programa, originalmente llamado "Vivir mejor", que en un contexto de crisis llegó a implicar un "salario indirecto" de entre un 20 y un 25% de los haberes dado la caída de los ingresos y el aumento de precios de los remedios.
El convenio de la obra social estatal con la industria farmacéutica vence a fin de este mes y las negociaciones con las cámaras de laboratorios CILFA (nacionales, CAEME (extranjeros) y Cooperala (cooperativas) ya están en marcha.
Algunos en el Poder Ejecutivo son partidarios de prorrogarlo al menos un trimestre más, pero otros ya avanzan en un principio de acuerdo respecto de que en algún momento del año dejará de funcionar como hasta ahora.
Desde la administración central sólo dejan trascender que el plan aún está vigente y que están trabajando en el marco del "presupuesto 2024" para garantizar una "cobertura de calidad" que lleve "tranquilidad a los afiliados".
Bajar la cobertura
Según pudo averiguar este diario, ya estudian achicar el listado de 165 drogas que tenían cobertura del 100%. El criterio, según fuentes al tanto de las discusiones es "sanitario", es decir, para tratar de desalentar lo que se denuncia como la "sobre medicalización" de la tercera edad: el consumo excesivo de medicación aún cuando no hace falta.
Por lo tanto, habrá enfermedades que tenían la receta de un fármaco con cobertura total y ahora el PAMI cubrirá sólo el 50 o 60%.
En paralelo, el ente que encabeza Esteban Leguizamo analiza lanzar una auditoría para cruzar padrones de afiliados al PAMI que también pagan una cuota en una empresa de medicina privada y acceden al beneficio. Es muy posible que pasen a estar excluidos del programa.
En el Gobierno y en la industria aseguran que además hay un universo de pacientes que consiguen que les prescriban recetas para sacar en realidad medicamentos gratis para otras personas, en una tendencia que de confirmarse reflejaría también la caída del poder adquisitivo de toda la población.
Para argumentarlo indican que en lo que va del año, mientras que las ventas de remedios en general caen 20%, la prescripción vía PAMI trepa un 10%, es decir en unas 700 mil unidades. Lo llaman el "trasvasamiento" del plan original a todo el mercado.
Para reducir este comportamiento, no sólo aspiran a un mayor control sino también podrían limitar de manera estricta la cantidad de fármacos con cobertura total por afiliado. Cuando terminó el gobierno de Cristina Kirchner se entregaban unos 7 medicamentos al 100% por persona. En la gestión de Mauricio Macri se bajó a 4. Con Alberto Fernández terminó sin haber un tope que se diera en los hechos.
Bajo la conducción de Luana Volnovich, el PAMI había informado que 9 de cada 10 afiliados recibían al menos un medicamento gratis pero que la mitad llevaban dos o más, y que el 40% llevaba todos sus remedios sin cargo. Ahora se analizaría un punto intermedio, que igual implicaría una mayor erogación de parte de los jubilados, irremediablemente.
En simultáneo, las empresas farmacéuticas plantean el corazón de su reclamo: el atraso de lo que se había fijado como "precio PAMI", un valor especial para los medicamentos que le venden a la obra social con un descuento que cuando nació en 2018 era del 5% y llega ahora hasta el 50% respecto de lo que se cobra en el mostrador de las farmacias.
Según la administración anterior, unos 4,2 millones de personas accedían a este beneficio que alcanzaba a unas 3000 marcas con cerca de 11 millones de recetas electrónicas.
El vínculo del Estado con los laboratorios tiene en vilo al sector de la salud, ya que el PAMI siempre fue el 40% del mercado de los medicamentos en todo el país, tanto por la venta de ambulatorios como de las drogas de alto costo que se licitan o compran a fabricantes exclusivos para enfermedades de mayor complejidad.
Según fuentes extraoficiales, el convenio bajo revisión insume unos $ 120 mil millones por mes, una suma que debería aumentar 20% a partir de abril si continuara tal cual está, algo que depende de hasta dónde lo alcance la regla de "no hay plata".
PUBLICADO EN EL CRONISTA (CLICK AQUÍ)
