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¿Cómo construimos sistemas de salud verdaderamente seguros?

 Un diálogo a dos voces: técnica, política y dolor personal

En febrero de 2026, la muerte de un anestesiólogo en su departamento porteño —rodeado de frascos de propofol y fentanilo sustraídos de un hospital público— abrió una investigación judicial que todavía crece. El caso destapó lo que ya muchos sabían pero pocos decían en voz alta: fármacos de uso exclusivamente hospitalario circulando fuera del circuito asistencial, consumidos sin indicación clínica, sin monitoreo, en reuniones privadas. Dos personas murieron. Hay imputados. Y el sistema de salud, una vez más, se mira al espejo.

 

El episodio no es un hecho aislado. Es el último eslabón visible de una cadena de fallas: ausencia de trazabilidad real sobre medicamentos de alto riesgo, silencios corporativos instalados como cultura, y una tensión irresuelta entre la autonomía profesional y el control institucional.

 

El contexto normativo tampoco es menor. En octubre de 2025 se promulgó la Ley 27.797, la Ley Nicolás de Calidad y Seguridad Sanitaria, cuya reglamentación aún está pendiente. La ley lleva el nombre de Nicolás Deanna, un joven de 24 años que murió en 2017 por un diagnóstico erróneo de meningitis, y fue impulsada durante años por su madre, Gabriela Covelli, abogada y presidenta de la Asociación "Por la vida y la salud, por vos, por mí y por todos".

 

Convocamos a Gabriela y a Fabián Vítolo —médico especialista en calidad y seguridad del paciente y asesor en asuntos legales del sector salud— a reflexionar sobre este momento. Lo que sigue no es un debate: es una conversación a dos voces, desde lugares muy distintos, que se encuentran en algo esencial.

El sistema tiene un espejo roto

 

Lo primero que sorprende, cuando uno mira el caso de los anestésicos, es lo que no sorprende. Las señales estaban. Las fiestas eran un secreto a voces. Los medicamentos salían. Nadie, al parecer, lo decía en voz alta.

 

Fabián Vítolo:

Este caso expone un límite crítico: los sistemas de salud siguen confiando en la autorregulación de los especialistas, incluso cuando manejan drogas de altísimo riesgo, sin controles efectivos sobre su uso y acceso. No ocurre lo mismo con la aviación, donde hay monitoreo, controles y barreras duras.

 

Gabriela Covelli lo dice de otra manera, más directa, quizás porque el costo de esa falta de controles lo pagó con la vida de su hijo:

 

Gabriela Covelli:

Se habla de seguridad del sistema de una manera teórica, pero en la práctica todo se resume en 'hagamos como que'. Se escudan en 'problemas del sistema', sin reconocer que el sistema está conformado por seres humanos, en donde se evidencia que no todos hacen lo correcto, y otros miran hacia otro lado.

 

¿De quién es la responsabilidad?

 

La pregunta sobre responsabilidad individual versus sistémica es una de las más debatidas en la literatura de seguridad del paciente. Y también una de las más incómodas, porque la respuesta honesta es: las dos cosas, al mismo tiempo.

 

Fabián Vítolo:

En sistemas complejos como la atención de la salud, la seguridad no puede depender solo de la responsabilidad individual: es necesaria, pero insuficiente. El sistema debe diseñar barreras y condiciones que hagan más fácil hacer lo correcto y más difícil equivocarse. Cuando la seguridad descansa solo en los individuos, eso ya es una falla sistémica grave.

 

Gabriela pone el acento en algo que los enfoques más técnicos a veces pierden de vista: que el sistema lo hacemos personas, y que hay conductas que no son errores, sino decisiones.

 

Gabriela Covelli:

No se puede tener ningún sistema —de salud, judicial, legislativo— si las personas que lo componen no tienen las características que uno le pide al 'sistema'. El sistema somos todos. Y para ello, siendo vital la vida y la salud, no se puede dejar esto librado a la moral o decisión personal de cada individuo. Es como dejar que cualquiera sea piloto de avión y ponga en riesgo a toda la tripulación.

El silencio que hace cómplices

 

Uno de los elementos más perturbadores del caso de los anestésicos es lo que sugiere sobre la cultura del sector: que otros sabían, o intuían, y callaron. Ese silencio tiene nombre en la literatura especializada: encubrimiento corporativo. Y tiene consecuencias muy concretas.

 

Fabián Vítolo:

La primera transformación necesaria es hacia una cultura de transparencia: dejar de tratar como 'secreto a voces' problemas críticos como las adicciones en profesionales. Necesitamos entornos donde se pueda hablar, detectar y actuar precozmente. El silencio institucional no protege a los colegas: aumenta el riesgo para ellos y para los pacientes.

 

Gabriela Covelli:

Los profesionales de la salud miran para otro lado cuando un compañero no actúa correctamente, sin entender la complicidad de su silencio en hechos gravísimos y dolorosos. ¿Nadie sabía que esas fiestas se realizaban? Esa pregunta tiene que incomodar.

Controlar sin ahogar

 

Cuando ocurren episodios como este, la reacción más inmediata suele ser pedir más controles. El desafío está en diseñar controles que funcionen sin convertirse en una burocracia paralizante.

 

Fabián Vítolo:

Controles inteligentes, no punitivos: trazabilidad estricta de fármacos de alto riesgo, registro nominal de uso y descarte obligatorio de ampollas. Sistemas cerrados de dispensación, auditorías periódicas y alertas ante consumos anómalos. La clave es que el control esté integrado al proceso asistencial, no que sea una carga extra.

 

Para Gabriela, el problema no es demasiado control sino demasiado poco, y la solución pasa también por la carrera sanitaria:

 

Gabriela Covelli:

Lo fundamental, y que no ocurre en todos lados, es la existencia de una carrera sanitaria con controles reales —psicológicos, físicos, cognitivos— desde los jefes de servicio hasta el Ministerio. Esto es muy difícil porque nuestra sociedad tiene instalado el principio del 'no te metas'. Y ese principio tiene un costo enorme.

La Ley Nicolás: un paso real, con límites reales

 

La sanción de la Ley Nicolás en 2025 fue un hito. Por primera vez, Argentina tiene un marco normativo específico sobre calidad y seguridad sanitaria. Pero tanto desde la perspectiva técnica como desde la experiencia de quienes la impulsaron, la ley tiene límites que ya se conocen —y que no son casuales.

 

Fabián Vítolo:

La reglamentación debería avanzar en tres ejes concretos: verificación periódica de aptitudes, controles efectivos sobre prácticas de alto riesgo y sistemas de trazabilidad obligatoria de medicamentos críticos. También es clave fortalecer registros como REFEPS y mecanismos de alerta temprana. Sin controles reales, la ley corre el riesgo de quedarse en una buena declaración de principios.

 

Gabriela, que vivió el proceso legislativo desde adentro —y que peleó para que la ley tuviera más dientes—, tiene una lectura más crítica:

 

Gabriela Covelli:

La Ley Nicolás es un gran avance, y permitió solo por su sanción la visibilización de cuestiones que jamás salían a la luz. Pero sus limitaciones no fueron casuales: las grandes corporaciones médicas solo permitieron articulados que no las complicaran demasiado. Así se eliminó la figura del 'accionar temerario', tendiendo a que todo sea 'error del sistema'. Gravísimo error, que responde al egoísmo de pensar en lo individual y no en el beneficio colectivo.

Una idea fuerza para el sistema

 

Le pedimos a cada uno que dejara una sola idea para quienes trabajan en salud. Una frase, un faro, algo que valga la pena llevarse.

 

Fabián Vítolo:

Si el sistema de salud quiere ser tan seguro como otras industrias, debe revisar la sobrevaloración de la autonomía profesional y aceptar límites claros. La seguridad no se construye con libertad individual, sino con disciplina: cumplir normas, procesos y controles, siempre. Sin esa transición cultural, la confiabilidad seguirá siendo más un deseo que una realidad.

 

Gabriela Covelli:

Pregúntate: ¿de qué tenés miedo? No existe la mala praxis ni el delito si el error proviene del sistema... entonces ¿qué es lo que te asusta? Quizá sea un buen momento para reflexionar y comprender que solo tendrías que tener miedo de tus propios actos. Y que sería justo para la sociedad que quien comete actos ilegales cargue con su responsabilidad. Esto también es transparencia.

 

Dos voces, dos trayectorias, una misma urgencia. La seguridad del paciente no puede seguir siendo una promesa. Requiere controles reales, cultura institucional transformada y marcos regulatorios con dientes. La Ley Nicolás es una oportunidad histórica: su reglamentación es el próximo campo de disputa, y desde la AASAP seguiremos acompañando ese proceso.

 

 

Asociación Argentina de Seguridad de la Atención a Pacientes (AASAP)

La Sociedad Argentina de Pediatría escribió una carta al ministro Lugones por falta de vacunas

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de abril de 2026

 

Sr. Ministro de Salud de la Nación Dr. Mario Lugones:

Nos dirigimos a Ud. a fin de expresar nuestra profunda preocupación por el retraso en la entrega y falta de disponibilidad de vacunas del Calendario Nacional en distintas jurisdicciones del país. Esta situación impacta directamente en el normal desarrollo de los programas de inmunización, generando oportunidades perdidas de vacunación que se traducen en coberturas subóptimas y mayor tiempo en riesgo de adquirir enfermedades inmunoprevenibles.

 

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría trabajamos de manera sostenida en la promoción de la vacunación, con el objetivo de alcanzar coberturas óptimas y garantizar la adecuada protección de la población, especialmente de los grupos más vulnerables. La inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño no es simplemente un concepto epidemiológico abstracto. Es la manifestación tangible de cómo las decisiones individuales se entrelazan para crear un escudo comunitario.

 

Las vacunas previenen entre 3.5 y 5 millones de muertes cada año, y podrían evitar

1.5 millones más si se mejorara la cobertura global. La vacunación representa una de las intervenciones de salud pública más costo-efectivas disponibles, previniendo enfermedades devastadoras y reduciendo las inequidades en salud. Esta afirmación técnica encierra una verdad profundamente humana: cada dosis administrada es un puente hacia la equidad.

 

En este sentido, la evidencia epidemiológica demuestra que:

 ·        La vacunación contra el sarampión, entre 2000 y 2018, redujo en un 73% la mortalidad global por esta enfermedad, evitando aproximadamente 23,2 millones de muertes.

·        La vacuna DTP ha sostenido coberturas globales cercanas al 86% en 2020, protegiendo anualmente a alrededor de 85 millones de lactantes.

·        Desde la introducción de la vacuna contra Haemophilus influenzae tipo b, la incidencia de meningitis bacteriana en menores de 5 años ha disminuido hasta un 90% en países con altas coberturas.

·        En Argentina, desde la incorporación de la vacuna contra la hepatitis A al Calendario Nacional en 2005, la incidencia descendió de 173,7 a 7,8 casos por 100.000 habitantes, lo que representa una reducción del 88,3%.

 Cada dosis no administrada pone en riesgo directo la vida de un niño y compromete la seguridad de la comunidad. Consideramos fundamental contar con una distribución oportuna y eficiente de las vacunas, que permita sostener la confianza de la comunidad y evitar interrupciones en los esquemas de inmunización en un contexto de reemergencia de enfermedades inmunoprevenibles, como sarampión y coqueluche, en el país y la región.

 Asimismo, deseamos manifestar nuestra especial preocupación por la falta de disponibilidad en Argentina de vacunas pediátricas contra COVID-19, lo que impide que la población menor de 12 años acceda a la protección frente a esta enfermedad. Esta situación resulta particularmente crítica si se considera que los menores de 1 año constituyen el grupo con mayor incidencia de hospitalización por esta causa, así como los otros grupos de edad con condiciones de base que implican mayor riesgo.

 Solicitamos se arbitren las medidas necesarias para regularizar las entregas y garantizar el acceso equitativo a todas las vacunas a la mayor brevedad posible.

 

 

Mantener y ampliar las coberturas de vacunación es una responsabilidad compartida entre los sistemas de salud, los equipos profesionales y toda la sociedad.

Quedamos a su disposición para colaborar en lo que se estime pertinente. “Por una niñez y adolescencias sanas, en un mundo mejor”

 Comisión Directiva

Sociedad Argentina de Pediatría

  

Bibliografía

Vacunación: un pacto colectivo de humanidad. (2025) Subcomisión de Humanidades. Sociedad Argentina de Pediatria. Disponible en: https://www.sap.org.ar/storage/app/uploads/public/694/40e/433/69440e433e5b44729 39953.pdf

 

Actualización de la situación de sarampión. (2025) Comité de Epidemiologia. Sociedad Argentina de Pediatría. Disponible en: https://www.sap.org.ar/storage/app/uploads/public/692/704/935/69270493508a32831 68378.pdf

4° informe especial del observatorio de la infancia y adolescencia. Coberturas de vacunación 2015-2024. (2025) Sociedad Argentina de pediatría. Disponible en: https://www.sap.org.ar/observatorio

 

Actualización en vacunas 2025: recomendaciones y desafíos. (2025) Comité Nacional de Infectología. Sociedad Argentina de pediatría. Disponible en: https://www.sap.org.ar/docs/libros/Libro_Vacunas_2025_final.pdf

 

 

Jacobson, R.M., St Sauver, J.L., & Finney Rutten, L.J. (2015). Vaccine hesitancy. JAMA, 314(14), 1443-1444.

 

Orenstein, W.A, Ahmed, R. (2017). Simply put: Vaccination saves lives. JAMA, 318(9), 805- 806.

 

World Health Organization (2021). Global Vaccine Action Plan monitoring reports. WHO Press. Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/9789240036963

 

Costos de la enfermedad por Bordetella pertussis en hospitales terciarios de la Argentina.    Á.   Gentile,    et    al.    Arch    Argent    Pediatr    2013;    111(4):295-302

 

 

Mortalidad infantil: el termómetro de la desigualdad

La mortalidad infantil alcanzó en 2024 la tasa de 8,5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, un 6,25% más que el año anterior. El aumento, que ocurrió tras décadas de descenso sostenido, se concentró sobre todo en la mortalidad neonatal, las muertes ocurridas en los primeros 28 días de vida. 

Lejos de ser un número, detrás de este dato aparecen factores como el deterioro de las condiciones de vida, las inequidades territoriales, el impacto de la desarticulación de políticas públicas y un cambio de tendencia que expone el vínculo entre salud y desigualdad social, así como las tensiones del federalismo sanitario.

«La mortalidad infantil se valora como tasa, no como número absoluto», explica en diálogo con Acción el pediatra Enrique Abeyá Gilardon, presidente del Consejo de Nutrición de la Asociación Argentina de Salud Pública, y apunta que se trata de la relación entre los niños que mueren antes del año de vida y los nacidos vivos en ese mismo período. Y es, según el especialista, uno de los indicadores más completos: «Refleja no solo el estado sanitario, sino también las condiciones de vida: ingresos, educación, vivienda, acceso al agua y a los servicios de salud».

Para el médico sanitarista, a nivel global la mortalidad infantil muestra una tendencia sostenida a la baja, entonces «cuando las tasas son altas, pequeñas mejoras generan descensos rápidos, sobre todo en el componente posneonatal». Sin embargo –agrega–, a medida que el indicador baja, el ritmo de mejora se vuelve más lento porque predomina el componente neonatal, «mucho más difícil de modificar y estrechamente ligado a la calidad de la atención médica».

Por eso, advierte, un aumento es un hecho poco frecuente: «Solo suele verse en situaciones extremas, como guerras o grandes epidemias; cuando la tendencia se revierte, es un dato que debe llamar la atención».

Determinantes sociales
Para Abeyá Gilardon, no es posible entender estos cambios sin mirar más allá del sistema sanitario. «Hace muchísimos años se incorporó en la política sanitaria el concepto de determinantes sociales de la salud. La salud no depende solo de la biología o de los agentes infecciosos, sino de condiciones sociales que son su base», explica y advierte que las políticas económicas tienen efectos directos: «Los programas de ajuste fiscal han tenido históricamente impacto sobre las condiciones de salud de la población», resalta, y como ejemplo menciona el caso de Grecia: «Durante el ajuste impulsado con el Fondo Monetario Internacional, se observó un aumento importante de la mortalidad infantil», y señala que los condicionamientos que el organismo internacional impone en nuestro país más temprano que tarde tendrán las mismas consecuencias. «Las condiciones sociales no son ajenas a la salud. Y donde más se expresan sus efectos es en los sectores más vulnerables, especialmente en los niños», advierte.

Debate sobre cómo medir
El repunte reavivó una discusión técnica: si el indicador debe analizarse como tasa o en términos absolutos. Para el diputado y médico pediatra Pablo Yedlin, no hay dudas: «La tasa es el indicador que se usa internacionalmente y lo que mide es la proporción de niños que nacen y mueren antes de cumplir un año». Algunos plantean que, como están cayendo los nacimientos, el denominador se reduce y eso podría distorsionar la tasa. Bajo esa lógica, señalan que en términos absolutos hay menos muertes y que, por lo tanto, no habría motivo de alarma. «Ese razonamiento es incorrecto –advierte Yedlin– y explica que «si uno mirara solo números absolutos, podría decir que en Estados Unidos mueren 30.000 niños por año y en Argentina unos 500, y parecería que estamos mejor. Pero eso depende del tamaño de la población. Por eso se utilizan tasas».

Pero más allá del promedio nacional, el dato clave está en las diferencias territoriales.

«El indicador se construye con realidades muy distintas entre provincias», señala Yedlin y sostiene que «hay provincias donde la mortalidad infantil aumentó más de un punto y medio, en las jurisdicciones del norte por ejemplo, y otras donde bajó», una heterogeneidad que refleja las asimetrías estructurales del sistema federal de salud.

Abeyá Gilardon insiste en este punto que «la mortalidad infantil está fuertemente asociada a la pobreza, entonces cuando aumentan los niveles de pobreza, empeoran las condiciones de vida y eso impacta directamente en la salud de los niños». «El indicador es especialmente sensible porque el ser humano nace en condiciones de alta dependencia y a diferencia de otros mamíferos, el bebé humano requiere cuidados intensivos desde el nacimiento. Por eso cualquier deterioro en el entorno social o sanitario lo afecta de manera directa», añade.

Sistema bajo presión
Tanto para Yedlin como para Abeyá Gilardon, el aumento de la mortalidad infantil también pone en foco el funcionamiento del sistema sanitario. «Hoy el sistema público está mucho más cargado, la caída del empleo dejó a más personas sin cobertura y empujó la demanda hacia hospitales y centros de salud públicos. Al mismo tiempo, el sector privado atraviesa problemas de financiamiento», advierte el diputado nacional, mientras que Abeyá Gilardon apunta a la reducción o discontinuidad de programas nacionales. «Cuando el Estado se retira, deja de sostener políticas que protegen la salud infantil», dice y recalca que entre los factores que inciden aparecen la calidad de los controles del embarazo, la atención del parto, la disponibilidad de neonatólogos, la infraestructura de neonatología y la cantidad de personal de salud. «Lo que define la diferencia es la calidad del sistema», resume.

Además, Yedlin resalta que el deterioro no se limita a la infancia, y que es necesario prestar atención a la mortalidad materna, «que también mostró un aumento significativo con una suba de 1,2 puntos en un año» por causas prevenibles como hemorragias, infecciones y enfermedades asociadas a la falta de controles o vacunación. «Eso indica problemas en la atención y en las políticas sanitarias», agrega.

Rol del Estado
Aunque históricamente las provincias financiaron la mayor parte del sistema de salud, el Estado nacional cumplía, hasta la llegada del Gobierno de Milei, funciones clave en la coordinación, supervisión y compensación de desigualdades entre las jurisdicciones.

Para Abeya Gilardon «ese rol de rectoría es fundamental y en un país donde más del 50% de los niños está en situación de pobreza, no puede desaparecer de un día para el otro».

Para Yedlin, la falta de conducción se refleja incluso en la comunicación: «No hay una explicación oficial, solo se difunden números, sin análisis ni medidas concretas», cuando no se trata de una mera estadística. «Es una discusión de responsabilidades», dice Yedlin y en la misma línea, Abeyá Gilardon concluye: «Es un indicador muy sensible que muestra la relación entre salud, condiciones de vida y desigualdad. Cuando cambia la tendencia, hay que mirar qué está pasando en la sociedad».

 

PUBLICADO EN ACCION.COOP (CLICK ACÁ)

Día Mundial de la Salud 2026: Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia

En el Día Mundial de la Salud 2026, que se celebrará el 7 de abril, se hace un llamado a las personas de todo el mundo para que apoyen la ciencia. Bajo el tema «Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia», la celebración de este año da inicio a una campaña de un año de duración que celebra el poder de la colaboración científica para proteger la salud de las personas, los animales, las plantas y el planeta. La campaña destaca tanto los logros científicos como la cooperación multilateral necesaria para convertir la evidencia en acción, centrándose especialmente en el enfoque de «Una sola salud».

La campaña de 2026 se basa en dos importantes acontecimientos mundiales: la Cumbre Internacional «Una Sola salud» (7 de abril), organizada por el Gobierno de Francia en el marco de la Presidencia francesa del G7, y el Foro Mundial inaugural de los Centros Colaboradores de la OMS (7-9 de abril), que reunirá a casi 800 instituciones científicas de más de 80 países. En conjunto, estos eventos conforman la mayor red científica jamás reunida en torno a un organismo de las Naciones Unidas, lo que pone de relieve cómo las alianzas impulsadas por la ciencia pueden construir un futuro más saludable y seguro para todos.

En la campaña se invita a las personas de todo el mundo a participar celebrando los logros científicos, comprometiéndose con la evidencia, compartiendo historias personales sobre cómo la ciencia mejora la vida y uniéndose a la conversación mundial a través de #StandWithScience.

Objetivos de la campaña

En la campaña hace un llamado a los gobiernos, los científicos, los trabajadores de la salud, los asociados y el público para que:

apoyen la ciencia comprometiéndose con la evidencia, los hechos y las orientaciones basadas en la ciencia para proteger la salud; 

reconstruyan la confianza en la ciencia y la salud pública; y 

apoyen las soluciones basadas en la ciencia para un futuro más saludable.

 

PUBLICADO POR LA OMS (CLICK ACÁ)

PAMI: Intendentes de Córdoba alertan por el impacto en la salud pública y evalúan ir a la Justicia

Un grupo de intendentes cordobeses decidió hacer público el reclamo de los atrasos en los pagos por las prestaciones del Pami. Los mandatarios locales advirtieron que la situación sigue en franco deterioro desde hace meses y pone en peligro la atención de salud pública.

En algunos localidades, la decisión fue comenzar a cobrar bonos voluntarios para sostener las prestaciones. Hay gobiernos locales que no descartan realizar una presentación ante la Justicia. El atraso, en la mayoría de los casos, se trata de incumplimientos en los pagos que datan de octubre de 2025, sumado a que no hay actualizaciones en los montos que se abonan por las prestaciones.

Además, hay un grupo de intendentes que asegura que Nación sigue con un atraso en el pago del programa Sumar, dirigido para atender la demanda de aquellas personas que no cuenten con ninguna asistencia ni obra social. En este punto en particular, algunos jefes comunales aseguraron que evalúan realizar una presentación judicial. Afirman que ese plan se cubre con asistencia financiera externa, como el BID, y que son "fondos retenidos" por el Gobierno de Javier Milei.

Voceros cordobeses de La Libertad Avanza afirmaron que detrás del reclamo de los jefes municipales se esconde "una operación política" orquestada "por el justicialismo y llevada adelante por intendentes afines al gobernador Martín Llaryora".

"Es una situación a nivel nacional, no sólo de Córdoba. Esta es una movida política del Gobierno de Córdoba", planteó uno de los dirigentes libertarios consultados por La Voz. "Hace varios días que vienen con esto, quieren ensuciar a algunos dirigentes de La Libertad Avanza en Córdoba con los que el justicialismo sabe que pierde", afirmó otro referente local del espacio "violeta" en referencia a los comicios provinciales del año próximo.

Qué dicen los intendentes

Los intendentes, en cambio, sostienen que la deuda va en aumento. Ese escenario se complementa con una suba de la demanda de pedidos de atención médica. Son personas, afirman, que no pueden ya costear una obra social o perdieron el empleo y, por lo tanto, recurren a la atención que brindan los municipios. Además, los responsables de los gobiernos locales plantean que “hay una caída de la coparticipación” que viene de Nación y que comenzó a sentirse en lo que llega a los municipios. En síntesis: menos recursos y más demandas sobre los servicios locales.

Los jefes comunales consultados por La Voz coincidieron en que tienen que duplicar los fondos que deberían llegar desde Nación para dar respuesta a la demanda de sus vecinos. Y que la situación llegó a tal límite que cada vez son más los que aprueban el cobro de bonos voluntarios para sostener la atención de especialidades, servicios de radiografía o estudios.

Daniel Haniewicz, intendente de Monte Cristo y farmacéutico en su actividad privada, relató cómo observa el impacto en su municipio. También habló de la angustia de los jubilados que no llegan para cubrir remedios.

“La deuda que hay de Pami para las prestaciones médicas es altísima, nos están usando para servicios gratis. En Monte Cristo, ya no hay fisioterapia que quiera atender por el Pami y tratamos de cubrir lo más que se pueda”, dijo el intendente.

“Hace poco cobramos una deuda de hace años y seguimos esperando por otra deuda de 2025. Nosotros no le podemos decir a la gente que espere, tenemos médicos las 24 horas atendiendo. Ponemos unos 132 millones de pesos mensuales en gastos”, agregó.

Ante esta situación, el intendente decidió enviar al Concejo Deliberante la aprobación para el cobro de un bono voluntario de 5 mil pesos que comenzaría a implementarse en los próximo días. Es la forma que están encontrando algunos municipios para cubrir parte de los gastos para sostener los centros de salud en el interior.

“Entre el programa Sumar y la deuda de Pami estamos hablando de 32 millones de pesos que no se pagaron, cuando los gastos mensuales suman 132 millones de pesos, además de que las prepagas también se atrasan en los pagos y vemos que la Superintendencia no interviene”, explicó Haniewicz.

En ese contexto, otros intendentes comenzaron a analizar escenarios similares. El crecimiento sostenido de la demanda, la falta de actualización de aranceles y los atrasos en los pagos configuran, según coincidieron, en una presión sobre los sistemas de salud locales.

El intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, médico y extitular del Pami de esa ciudad, también expresó su preocupación sobre la situación.

“Nosotros tenemos un atraso desde octubre de 2025, lo cual es un desastre. Fui jefe del Pami en Cosquín, conozco bien el tema, hago todo lo posible para que estén todas las especialidades médicas para tener la mejor prestación posible… Pero lo que ocurre es que tengo un atraso en lo que nos deben de Pami y Sumar de 40 millones de pesos. Lo que más nos deben es del Sumar, que es justamente para aquellos que no tienen obra social y que llega con fondos del exterior y no están cumpliendo”, aseguró el jefe municipal.

“Son aportes de créditos internacionales que no llegan, es un programa que está hace muchos años. Se imaginarán que tengo una ciudad de 40 mil habitantes con una demanda que aumentó”, dijo.

“Ahora tenemos hasta 150 personas por día pidiendo una respuesta, comenzamos en el municipio con una demanda de atención en salud de 1.800 vecinos y hoy llegamos a los 9 mil por mes”, explicó.

Para el intendente de Cosquín, “los municipios son la cara visible de la motosierra” que aplica el Gobierno nacional. “Tenemos pedidos de la gente por chapas, mercadería, por personas que no pueden sacar a su familiar fallecido de la clínica porque no tienen con qué”, aseguró.

Hay más intendentes que describieron una situación similar. Silvina Cabezas, intendenta de San Pedro, próximo a Villa Dolores, explicó un escenario de atraso en los pagos del Pami.

“De Sumar nos deben más de 10 millones de pesos. Y de Pami, si bien tenemos un convenio reciente, pero es el primer mes que pudimos facturar y no nos pagaron", se quejó.

"Y lo peor de todo es con el recorte de la coparticipación, que nos llega un 22 por ciento menos, pero no es porque haya caído la recaudación provincial. La provincial tuvo un leve aumento, el problema es que está cayendo en picada la recaudación nacional, por la parálisis económica que hay a nivel nacional. Es muchísima plata, y la verdad que no sabemos cómo vamos a hacer", dijo. "Estamos hablando de una deuda de Pami, que perjudica a quienes aportaron toda su vida", remarcó.

También el intendente de Malvinas Argentinas, Gastón Mazzalay, coincidió con sus colegas sobre la situación.

"El Sumar nos viene pagando con algunas interrupciones. El problema es que los montos del nomenclador no tienen una actualización seria desde hace años. De Pami, el último mes que nos pagaron fue en noviembre de 2025. Hasta ahora veníamos sosteniendo el sistema de salud con la coparticipación, pero la última coparticipación tuvo una caída de aproximadamente el 27%. Gran parte de la composición de la coparticipación es IVA", dijo.

"Si el Gobierno nacional no toma una medida para reactivar la economía, será imposible para los municipios seguir prestando los servicios con normalidad", resumió en línea con el estado de alerta planteado por otros intendentes cordobeses.

 

PUBLICADO EN LA VOZ (CLICK ACÁ)

©2026 Asociación Argentina de Salud Pública

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